martes, 15 de agosto de 2017

CARTA DE JUANA RIVAS GÓMEZ





«Hola a todos y todas,

Soy esa Juana Rivas Gómez a la que tanta gente está juzgando. Sin saber prácticamente nada de la auténtica pesadilla de terror a la cual nos estamos enfrentando mis dos hijos y yo.

No tendríamos que estar así.

Ante todo muchísimas gracias, a todos aquellos que conocéis la empatía y desde lejos y cerca nos estáis apoyando. No tengo suficientes palabras de agradecimiento, pero sí un corazón que se expande sin límites hacia las personas con humanidad.

Como dije esta ayer estoy huida, pero no siento que esté haciendo nada malo, pues la ley es la primera que se la han saltado a la torera desde el principio.

Si la ley se hubiera aplicado no estaríamos aquí.

Si la primera jueza a la que acudí en España denunciando nuestra grave situación en Italia me hubiera escuchado y hubiera enviado la denuncia inmediatamente como pone la ley, el Convenio de la Haya no estaría amenazando a mis hijos sino protegiéndolos. Pero es que ni siquiera lo admitió a trámite por error. Y resulta que la denuncia de malos tratos, que tenía que haber llegado a Italia hace más de un año todavía no ha salido de España. Por favor, comprueben que lo que digo es cierto.

Para proteger a mi hijo pequeño también pedí su custodia hace más de un año en un juzgado de familia español (la del grande ya la tengo desde 2009). Ese juzgado citó a Francesco varias veces durante meses, protegiendo su derecho a ser escuchado. Él nunca compareció. Como tampoco nunca vino a ver a sus hijos ni aportó nada para mantenerlos. ¿Cómo se explica si es tan buen padre que durante un año haga esto? Todo se puede comprobar.

Desde que vine a España, siempre, por el bien de mis hijos, he estado dispuesta a llegar a un acuerdo (por favor, pregunten a mi abogada María Castillo y al Centro de la Mujer de Maracena), pero siempre su respuesta fue que por encima de todo yo tenía que volver a Italia. ¿Cómo volver a esta vida de pesadilla para mí y para mis hijos? A ellos nunca les he hablado mal de su padre. Siempre he intentado que tuvieran buena relación. Hasta él mismo dice que siempre pudo hablar con ellos cuando quiso. ¿y saben ustedes cuándo dejo de hablar? No fue porque yo se lo negara, sino porque mi hijo de 11 años, a partir de diciembre, le dijo que no quería hablar con él porque no podía entender que su padre nos hiciera sufrir tanto.

A las citaciones a las que no vino, a las llamadas de mi abogada a las que no contestó, a los meses de pesadilla intentando formalizar la custodia de mi hijo, su respuesta fue presentar una demanda internacional como si yo hubiera raptado a los niños.

Un rapto no puede ser una mujer que huye del horror para proteger a sus hijos (sí, con la excusa de las vacaciones) ¿Cómo si no? Para poder salir del terror en el que estábamos sumergidos, y donde literalmente la vida se me estaba agotando y cerrando un camino de libertad y bienestar para mis hijos. Un maltratador nunca te va a dar el consentimiento de irte.

Y entonces empieza un nuevo calvario.

El 24 de noviembre pasado, tres días después de recibir su demanda me encuentro sentada en el banquillo de un juicio, donde se me hacen tres preguntas. “¿El padre de los niños los llevaba al colegio? ¿El padre sostenía económicamente a la familia? ¿Por qué no denuncio los hechos allí?”. Sí, el padre de los niños los llevabas muchas veces al colegio mientras yo trabajaba en el negocio familiar y era lo único que él estaba dispuesto a hacer a lo largo del día en relación a los niños. El negocio familiar estaba efectivamente a su nombre, pero pueden preguntar a cualquiera de los clientes quién hacía la limpieza, la lavandería, la comida, quién atendía a los niños, cargaba la leña, daba la cal…

A la tercera pregunta de por qué no denuncié los malos tratos en Italia, yo les digo: cualquiera con mi historia, viviendo en una casa aislada en el campo a 8 kilómetros del único pueblo de una isla pequeña en un país que no es el mío, sin ningún familiar, trabajando con mi maltratador, viviendo en casa de mi maltratador, que controla todas mis entradas y salidas, con vecinos que me dicen que los trapos sucios se lavan en casa… ¿Qué persona en esa situación va y pone una denuncia para comenzar una lucha legal contra el hombre que la maltrata psicológica y físicamente frente a sus hijos durante años? ¿Quién comenzaría una lucha legal sin apoyo ni recurso alguno?

No creo que un ser humano con todas sus capacidades humanas me diga que sí. Es muy fácil y rápido juzgar, pero pónganse por unos segundos en esa realidad. ¿Tan difícil es de entender?

Esas son las únicas preguntas que me hacen a mí. ¿y a mis hijos? ¿Qué preguntan a mis hijos?

Mi hijo mayor es “valorado” por la psicóloga del juzgado y las dos veces que sale de su despacho sale llorando. Es a partir de entonces cuando se niega a ponerse al teléfono cuando lo llama su padre. Mi hijo no quiere vivir con él. A lo sumo, dice en el Juzgado, está dispuesto a pasar vacaciones en Italia.

Los malos tratos, de los que mi hijo ha sido testigo, se acreditan. Sale en la sentencia de este proceso, lo dice la misma jueza. Por favor, compruébenlo.

A pesar de todo esto dicen que mis hijos se tienen que ir.

¿Cómo puede ser que a mis hijos, españoles, en España, cuya ley entiende que son víctimas del maltrato y que por eso hay que protegerlos especialmente, se les condene a ser enviados sin demora con el maltratador a otro país? ¿Cómo puede ser, sin embargo, que la denuncia de maltrato de julio del año pasado, cuya resolución les habría protegido, todavía no se haya mandado en agosto de este año? ¿Cómo puede ser que el sistema que debería protegernos se use para dañarnos?

¿cómo es posible que mi hijo haya sido valorado por una psicóloga, que ni siquiera está colegiada, cuando en la ley española se dice que en estos casos deben intervenir varios profesionales especializados en violencia de género? Mi hijo relató a la psicóloga cosas de terror y no aparecen en el informe. Y sin embargo él salía llorando de impotencia. ¿Por qué le están haciendo pasar por este calvario? ¿Por qué no protegen a mis hijos?

Cada situación violenta que desencadenaba este hombre era de puertas para dentro, pero nunca se privaba de que los niños no estuviesen delante, incluso mi hijo recibió algún golpe intentando defenderme. El seguía a su padre cuando me encerraba para ver donde escondía las llaves tanto de casa como del coche, y pobrecito mío en muchas ocasiones me las traía y decía -mamá, ¡escapa!

También un día lo dejo encerrado fuera en el campo sin luz y con mucho frio durante dos horas que yo conseguí bajar al pueblo y eso lo hacía para hacerme daño a mí, para que no saliera.

Él siempre me decía que era una desgraciada y que él tenía dinero para enterrarme judicialmente, que allí lo tenía todo perdido con sus contactos.

Os puedo asegurar que esto no es ser un buen padre, este hombre me decía los peores insultos e incluso me escupía en la cara delante de mis hijos.

Son infinitas las veces que en mi mente se reproducen las imágenes de mis hijos aterrorizados abrazándome en llantos inconsolables, no comprendían que pasaba y sentían mucho miedo.

¡Podría contar tantas cosas!

He escrito diez folios, pero es demasiado largo. Ojalá me los pidiera un juez. Yo no pido que los jueces cambien sin más de opinión, solo pido que se valore adecuadamente mi situación y la de mis hijos. Que hasta ahora no se ha hecho.

¿De verdad piensan que yo puedo entregarlos?

Quiero darle este mensaje a la jueza de la instancia n 3 de Granada, por favor si en su mano aún queda algo en lo que nos pueda ayudar. Que lo haga por favor. Que está todo documentado. Y que tanto mis hijos como yo merecemos un respeto.

Que aquí lo importante son mis hijos que están en peligro por errores judiciales.

Quiero pedir a esta juez y a todo aquel que nos pueda juzgar que encamine este proceso hacia la cordura, hacia la coherencia. Mis hijos están en peligro si dejamos caminar esta injusticia que nos está martirizando.

Señores jueces, lo que estoy haciendo no es un desafío, es supervivencia. Legalmente lo he intentado todo y no me han dejado otro camino. Esconderme es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Pero no puede ser para siempre. Por favor, paren esta locura.

Por favor, pónganse en mi lugar.

Juana Rivas Gómez

Granada, 14 de agosto de 2017»



CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
 

Artículo 117
    1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
    2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
    3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
    4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
    5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
    6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

lunes, 31 de julio de 2017

"YA NO HAY FORMA DIVINA NI HUMANA DE IMPEDIR UN REFÉRENDUM"



Nicolas Tomás
Foto: Cedida
Barcelona. Domingo, 30 de julio de 2017


Aún no está acostumbrado a las entrevistas, dice. Ocasiones, sin embargo, no le han faltado. José Luis Villacañas (Úbeda, 1955), catedrático de Historia de la Filosofía Española en la Universidad Complutense de Madrid, ha escrito desde los años ochenta una trententa de obras de ensayo e historia, tres novelas e incluso un libro de poesía. Su última obra es El lento aprendizaje de Podemos (Catarata, 2017), pero antes ha publicado otros como Populismo (La Huerta Grande, 2015) o Historia del poder político en España (RBA, 2014).
En este último libro es donde trata de una forma más amplia la cuestión nacional en las "tierras hispánicas", término que usa a menudo para referirse a España. En su opinión, un referéndum de autodeterminación en Catalunya ya es inevitable. El actual conflicto no lo entiende sin la voluntad del aznarismo por revertir el Estado de las autonomías. Su propuesta: un reconocimiento integral de la nación catalana, también de la nación política catalana.




En su libro Historia del poder político en España asegura que "la llamada historia nacional es un producto imaginario".
La historia nacional no es un producto científico. Cualquiera que mire la evolución del sistema de poderes europeo, se dará cuenta de que en el fondo sólo es un imaginario. Los flujos reales de poder nunca están organizados sobre la base de una estructura nacional. Ni siquiera en el momento álgido de la Revolución Francesa. La historia del poder es la historia de los sistemas de poder. Historia nacional sólo se podría hacer sobre abstracciones. Esto en términos generales.
¿Y en el caso español?
En el caso de las tierras hispánicas, es muy difícil. La historia de Hispania se entiende mucho mejor desde el punto de vista de procesos federales o confederales que desde el punto de vista nacional. En este caso, la historia nacional sería una doble abstracción: no sólo tendría que desconocer los flujos de poderes de los sistemas europeos, sino también los flujos de poderes internos. Desde prácticamente el final del reino de los godos no hay forma de exponer la historia de las tierras hispánicas como una historia nacional. No hay ni bases étnicas unitarias en el origen, ni lingüísticas, ni culturales.



¿Debería hacerse una historia castellana, otra catalana, otra vasca...?
Lo que deberíamos hacer es una historia del sistema de poderes hispánicos. Es lo que yo intenté en La formación de los reinos hispánicos [Espasa Calpe, 2006]. También sería absurdo hacer una historia abstracta de Galicia o el País Vasco. Otra cosa es que no sea posible hacer una historia de los sistemas hispánicos de poder al margen de los flujos de poder con Aquitania, la Provenza o el imperio carolingio.
Es imposible hacer una historia separada del señorío de Vizcaya sin recordar que los señores de Vizcaya llevaban la bandera y eran los alférez de la hueste castellana. También sería difícil hacer una historia de Catalunya sin ver que está permanentemente a caballo entre las realidades tardoimperiales, las provenzales y las aragonesas. Una historia del poder es una historia de realidades, concreciones y singularidades, no de abstracciones.
También hace una distinción entre nación existencial y nación constituyente.
La distinción es sencilla. El único instante en el que podemos hablar en términos conceptuales de España como nación existencial es en 1808. Por diferentes motivos, tradiciones y visiones de las cosas, los pueblos hispánicos, todos ellos, se levantan contra el poder de Napoleón...
Que en España se conoce guerra de Independencia y en Catalunya más bien como guerra del francés.
Sí. Pero ahí hay una diferencia amigo/enemigo. La nación existencial se basa esencialmente en la capacidad de unificar a la población sobre esa diferencia. Ahora bien, el pueblo en armas contra el francés, en modo alguno implica que tuviera detrás un pueblo unificado en el sentido de un poder constituyente. El pueblo en armas que resiste a Napoleón no es el pueblo unificado en las Cortes de Cádiz. Pudo existir en un momento determinado la nación existencial, pero eso no implica la existencia de un poder constituyente reconocido, firme, unitario, consensuado, en condiciones de tener criterios homogéneos y unificados acerca de la Constitución.
Y lo que sucede en Cádiz es impugnado. En el fondo no tiene un verdadero respaldo en la nación existencial. Y eso es lo que hace que, tan pronto regrese el rey Fernando, quede neutralizada como Constitución. La nación existencial no tuvo como fruto una Constitución con bases populares reales.
Desde 1978 España se ha caracterizado por una ansiedad muy especial acerca de aquello que la une


¿España es entonces una nación incompleta?
Yo le llamo “nación tardía”. Llega a la configuración de un Estado con criterios democráticos muy después que el prestigio del Estado haya tenido lugar. El Estado unitario, el Estado como una idea mística de sí mismo, el Estado como una estructura casi religiosa de convicción en él, tiene lugar en el siglo XVII con la Revolución Gloriosa inglesa, o con Luis XIV en Francia. Cuando los Estados son muy tardíos, y están muy lejanos de ese momento, tenemos una nación tardía. Y esta nación tardía se caracteriza por una ansiedad muy especial acerca de aquello que la une. Y creo que esa ansiedad es la que ha caracterizado España desde 1978.
Usted defiende que Catalunya es una nación, pero no todo el mundo lo tiene tan claro.
Es una nación que culmina su autoperfección nacional muy temprano. En los discursos en las Cortes de 1410, Martí l'Humà es capaz de tener una percepción de la propia historia y las propias instituciones, de darse cuenta de aquello que efectivamente une a sus territorios. Bajo ningún concepto se puede negar que Catalunya es una nación política, no sólo cultural. Lo es desde hace muchísimo tiempo. Fue una república coronada hasta 1714.
 

¿El Estado de las autonomías rebajó las aspiraciones de nación política a nación cultural?
La Constitución del 78 es ambigua, como es lógico, para salir de una dictadura. No tuvo problemas en reconocer la legitimidad de Tarradellas, y recondujo esa estructura de legitimidad propia y originaria de la Generalitat al concepto de nacionalidad. Ese concepto fue obra fundamentalmente de Herrero de Miñón, muy inspirado en el concepto de "fragmentos de soberanía" de Georg Jellinek. La Constitución del 78 fue aceptada por catalanes y vascos justamente porque permitía el reconocimiento de estos fragmentos de soberanía.
La evolución de la Constitución, sin embargo, no ha sido fiel a ese espíritu. Se ha pretendido reducir al mínimo todo el significado de lo que pueda ser una nacionalidad, en aras de una homogeneidad que por primera vez el Estado español tiene suficiente poder para imponer. Esto atenta contra el espíritu de la Constitución del 78. Por eso es necesario un ajuste, si se quiere estar en condiciones de ofrecer una salida a Catalunya.
¿En qué momento nace el actual conflicto catalán?
Viene de la segunda legislatura de Aznar, cuando considera que el artículo octavo de la Constitución tiene que ser reinterpretado desde un punto de vista centralizador. La aspiración fundamental de la derecha española es reducir Catalunya a una región, cosa que nunca ha sido en la historia. Es lo que hace encender todas las alarmas y genera la necesidad de reformar el Estatut para garantizar el estatuto de nación. Catalunya reivindica algo que no es contrario al espíritu de la Constitución: su dimensión política de nación. Y esto es lo que genera luego la impugnación del PP en el Tribunal Constitucional.
Usted ha defendido que la respuesta del PP al Estatut fue porque se le excluyó. ¿Fue una especie de venganza?
La reacción catalana consistió en ofrecer un Estatut reforzado. Y para ofrecer el Estatut reforzado se cometió el error de excluir al PP. Fue un error, pero fue un error mucho más monumental llevar ese acuerdo plebiscitario del pueblo catalán (acordado con las Cortes españolas) al Tribunal Constitucional. Eso sí que fue una venganza estéril. Si el PP no pudo intervenir en el Estatut se debía a su propia irrelevancia en Catalunya. Es una venganza inútil, porque eso no va a mayores oportunidades de intervención del PP en Catalunya, sino que genera el inicio de ese proceso destructivo.
La aspiración fundamental de la derecha española es reducir Catalunya a una región, cosa que nunca ha sido en la historia

 
¿Sigue vigente esa aspiración de la derecha española?
Sigue vigente. Es su programa. No me cabe la menor duda. De hecho, si usted en un momento determinado le pregunta a cualquier seguidor de Ciudadanos qué significa en la Constitución el término ‘nacionalidad’, no sabrá responder. Porque en el fondo solamente ven regiones. Pero es engañarse respecto de lo que ha sido siempre Catalunya. Si no sabemos qué es Catalunya, en el fondo no sabemos qué es España. El gobierno español se autoengaña cuando aspira a ofrecer a Catalunya un estatuto de región.
¿Cómo ve hoy la situación del conflicto?
De un modo triste y desesperanzado. Todo lo que estamos viendo es poner obstáculos, tanto desde el punto de vista del inmovilismo del gobierno español como desde la voluntad de saltarse el estado de derecho de los independentistas. Como es natural, no puedo estar ni con una fuerza ni con la otra. Ahora bien, creo que la única manera de pactar una relación de Estatut es mediante una transformación clara de la Constitución.
Esa Constitución debe establecer que haya minorías suficientes en el Senado en condiciones de garantizar que la legislación central no invade competencias de las comunidades. En este sentido, una reforma que conceda a Catalunya minorías de bloqueo para la legislación central, y que por lo tanto obligue a negociar, sería la única manera de evitar lo que hemos visto: que un decreto ley como el del señor Wert pueda anular de facto toda la legislación legítima y legal de Catalunya sobre educación.
¿Cómo se da salida a la aspiración de nación política?
Muchos catalanes se sentirían reconfortados si el Estado español les ofreciera lo que Catalunya ha sido siempre. Esto es, una estructura de poder propio que ha contado con sus instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales, con sus instituciones de Hacienda, con sus instituciones consulares a lo largo de todo el Mediterráneo y buena parte de Europa, y con suficiente poder como para que no se le impongan legislaciones externas. Reconocer que ese fue hasta 1714 el estatuto de Catalunya, que ha sido siempre una república coronada, sería lo único que estaría más allá de las ocurrencias de última hora y subjetivas de unos y otros.
¿Se ha llegado a un punto en el que el referéndum ya es inevitable?
Desde luego. El referéndum es imprescindible. Estoy completamente convencido de ello. Un referéndum es legítimo y legal, pero no creo que pueda decirse eso del referéndum del 1 de octubre. Ya no hay forma divina ni humana de impedir un referéndum: los catalanes deben ejercer su derecho a autodeterminarse respecto del Estado español.
 Sólo ahora el pueblo catalán está en condiciones de desaparecer ante la Historia


Si el problema sigue enquistado, ¿se puede llegar a un punto de no retorno?
Pues sí. Y además, el Estado español nunca ha tenido más fuerza homogeneizadora que en estos momentos. Sólo ahora el pueblo catalán está en condiciones de desaparecer ante la Historia. Ha estado prácticamente un milenio sin correr un peligro existencial, porque el Estado español no tenía fuerza homogeneizadora. Ahora sí la tiene, y por lo tanto tiene que dar más garantías a Catalunya de las que dio en el 78. Forma parte de los pactos constitucionales defender a la minoría catalana y garantizar la existencia del pueblo catalán.
Ahora bien, si Catalunya, viendo que por primera vez está en peligro existencial, lleva al Estado español a estar igualmente en ese peligro, es un juego de destrucción recíproca. Lo  que haya de sensato y sereno en los pueblos catalán y español no debería jugar a eso.




¿Puede haber más Catalunyas?
¿A qué se refiere con eso?
A que se reproduzca el problema, por ejemplo en el País Vasco.
No lo veo. El País Vasco tiene un régimen fiscal y una estructura completamente diferente a la estructura catalana. Es una estructura muy compleja y equilibrada. La clase política del PNV, que en mi opinión es la más solvente del Estado, sabe manejar la situación y encontrarse cómoda justamente porque desde el punto de vista político tiene una inmensa capacidad de reproducirse y caminar generación tras generación. Su situación fiscal es muy cómoda.
Catalunya es completamente diferente. Catalunya, que es el motor europeo del Estado, mira cómo ha evolucionado el Estado en los últimos 30 años y sólo puede concluir que no ha habido un beneficio justo y equilibrado. El País Vasco no tiene necesidad de reequilibrar el Estado.
Salvando las distancias, en el País Valenciano se están reproduciendo algunos de los malestares catalanes.
Desde luego, el País Valenciano tiene los mismos motivos objetivos que Catalunya para sentirse discriminado por el Estado español. Pero hay una diferencia fundamental: la mayoría de la población valenciana durante 20 años ha votado con mayorías absolutas a un partido que tenía como aspiración fundamental convertirse junto a Madrid en la punta de lanza de la especulación urbanística. Es un país descapitalizado por el Partido Popular.
En este sentido, es muy difícil generar una dirigencia valenciana capaz de poner encima de la mesa la necesidad de reequilibrar la financiación. El País Valenciano tiene objetivamente los mismos elementos para sentirse discriminado, pero no tiene la misma fuerza política para exigir un trato diferente. Catalunya tiene la capacidad de producir un conflicto. Valencia, no.
¿Qué es el populismo para usted?
En primer lugar, un momento de politización fuerte y dura producida por una crisis de representación. En este sentido, implicando un cambio de élites, discurso, retórica y motivaciones políticas, es saludable para la vida democrática. Otra cosa es cuando esa renovación aspira a la configuración de un sistema presidencialista que viole las reglas de la división de poderes. Entonces pasa a convertirse en un sistema político que no puede mantener las estructuras civilizadas y civilizatorias del estado de derecho.
Yo he defendido la necesidad en España de un momento populista, porque evidentemente nuestra clase política convencional y tradicional ha defraudado la expectativa de representación democrática. Pero ese momento populista debía encontrar el camino hacia un republicanismo cívico. Un momento republicano que reconozca la articulación plural, heterogénea, compleja de una sociedad avanzada. Esto se ve poco a poco en Podemos.
Los discursos de Susana Díaz o Rita Barberà también eran profundamente populistas, pero era nuestro populismo convencional



¿Podemos son los únicos populistas?
No. Podemos supo reconducir hacia valores y estructuras democráticas un malestar que en un momento determinado implicó prácticamente al 70% de la población española. Yo aprecié de una manera más inquietante la forma en que los viejos partidos intentaron desprestigiar a Podemos, la manera en que se criminalizaron muchas cosas. Activó un populismo latente más intransigente. Los discursos que en buena medida hacían PP y PSOE, estaban indudablemente basados sobre estructuras sentimentales populistas. Pienso en los discursos de Susana Díaz o Rita Barberà. Eran profundamente populistas, pero era nuestro populismo convencional, arcaico.
Su último libro se llama El lento aprendizaje de Podemos. Cuando ha llegado a las instituciones, ¿se han dado cuenta de que las cosas eran distintas?
Una buena parte de Podemos se ha dado cuenta de que son distintas. Esa buena parte de Podemos se da cuenta de que manejar un Estado es una cosa muy complicada y requiere mucho estudio, trabajo, entusiasmo, capacidad de aprender... La derecha ganará siempre en este país si el saber del Estado es su monopolio. Podemos sabe que si no es capaz de convencer a sus cuadros de que esto conlleva un esfuerzo muy largo y un aprendizaje muy lento, entonces no tendrá garantías de recibir el apoyo masivo de los españoles.


¿El régimen del 78 está en crisis, como se acostumbra a decir?
Lo he discutido con mucha gente de Podemos. En mi opinión, la crisis del 78 es una crisis de representación, no de sistema. Para que hubiera crisis de sistema tendría que haberse producido un hundimiento mucho más generalizado de las clases medias. Las clases medias españolas tienen dos características fundamentales: son muy débiles pero son muy resistentes. Saben que tienen que preservar mucho de lo que tienen, y saben que vienen de una tradición muy breve, pero todavía creen en los valores emancipatorios de la democracia.
Esto es lo que caracteriza a Podemos frente a otros movimientos que han surgido en Europa. En España Podemos se suma a la ola de la creencia masiva por parte de los españoles de que la vida democrática es vida de emancipación. Aunque hemos estado a punto de estar en una crisis de sistema, seguimos en una crisis de representación muy fuerte. Pero mientras el problema de Catalunya no se solucione, la crisis de representación en cualquier momento puede convertirse en una crisis de sistema.
¿Una reforma constitucional es ya inevitable?
Este año se cumplen 500 años de la Reforma de Lutero. Lutero, si es algo, es el maestro que nos dice que en determinadas situaciones las instituciones no pueden sobrevivir. Y es mucho más listo, inteligente, generar una percepción de que es necesario reformar que encasillarse en la defensa de lo inerte y lo muerto. Este país nunca ha tenido una reforma constitucional. No sabe lo que es eso. La Constitución española hay que reformarla de arriba abajo, de esto no cabe la menor duda, si España quiere sobrevivir como democracia en los próximos 40 años.
Aún sigue habiendo muchas reticencias a esta reforma federal de España, a derecha e izquierda, desde la FAES hasta Susana Díaz.
Bueno, yo no diría que Susana Díaz es de izquierdas. Más allá de eso, lo que hay es una mentalidad que no maneja el espíritu de reforma, que no está en condiciones de darse cuenta por su inseguridad, debilidad y angustia, propias de la nación tardía. Cree que ya lo ha conseguido todo, que ya no puede ceder más sin ponerse en peligro. Esa apertura al futuro confiada y serena, esa estabilidad de un pueblo maduro, España no lo ha conocido en la historia. Y creo que estamos en ese momento: de aprender o de volver a padecer todas las tragedias que hemos conocido justo por la incapacidad de reformarnos.




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Editor: Pedro Taracena Gil


martes, 25 de julio de 2017

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 2011

 

Zapatero publica la famosa carta de Trichet

El entonces presidente del BCE reclamó en agosto del 2011 severas medidas laborales y fiscales

Documento  

La carta de Trichet a Zapatero
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RELATO DE UNA TRAICIÓN

Por Pedro Taracena Gil 

Sí, una traición perpetrada por el bipartidismo PSOE-PP, que ejercieron su aplastante mayoría en el Congreso de los Diputados. Traición que modificó el artículo 135 de la Constitución, dando prioridad a la deuda contraída con los mercados, sobre la satisfacción de las necesidades más primarias de los españoles. Además el resto de los partidos del arco parlamentario en 2011, no permitía forzar un referéndum porque no se alcanzaba el 10% del total de los 350 diputados. Una modificación exprés, de espaldas a los ciudadanos con nocturnidad alevosía y en periodo de vacaciones. Una farsa en toda regla porque trataron de engañar al pueblo, con la falacia de que no había otra camino.

 ¡Mentira! Porque es evidente que lo había. Pedro Sánchez más tarde reconocería el error cometido por su partido. Algún día llegará a España una prensa independiente que delate ante el mundo, que José Luis Rodríguez Zapatero fue un cobarde y un antipatriota. Un traidor al pueblo español. 

Cuando Zapatero recibe la carta de Trichet, en lugar de ocultarla y urdir la fechoría con Rajoy, debía de haber comparecido ante el Congreso de los Diputados, solicitando una cuestión de confianza, para que la cámara se hubiera pronunciado, pero con el compromiso de que la propuesta de modificación del artículo 135, sería sometida a referéndum. Si esta proposición hubiere sido rechazada, debía presentar su dimisión,  disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Las exigencias de Jean Claude Trichet debían esperar. La Unión Europea es un club para ayudar a sus miembros no un gremio de mercaderes exclusivamente. Estas exigencias no eran de obligado cumplimento, puesto que otros países no han llegado a este extremo para dar confianza y garantía a los mercaderes del señor Trichet. Bélgica estuvo más de 500 días sin Gobierno y hubo quien declaró que al margen de la UE, el Estado seguía funcionando.
 
EL PERIÓDICO / Madrid

Miércoles, 27 de noviembre del 2013 - 12:01 CET



José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido publicar a famosa carta que en agosto del 2011, el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, envió al presidente del Gobierno. Más que de propuesta, el tono de la misiva es casi de orden. Trichet, bajo el encabezado “estrictamente confidencial” reclama una serie de severas medidas laborales y fiscales. El ahora exjefe del Ejecutivo aceptó algunas y se negó a otras.

Una de las iniciativas más contundentes que reclama Trichet, que firma la carta junto al exgobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, tiene que ver con la regulación de los trabajos. “Sugerimos revisar en breve otras regulaciones del mercado laboral con vistas a acelerar la reintegración de los desempleados en el mercado de trabajo. Vemos importantes ventajas en la adopción de un nuevo contrato laboral excepcional en el que las indemnizaciones por despido sean muy bajas, y que se aplique durante un periodo limitado de tiempo. Además, sugerimos suprimir toda restricción a la prórroga de contratos temporales durante cierto periodo de tiempo”, señala Trichet en la carta, publicada en el libro de Zapatero El dilema (Planeta). El expresidente hizo caso al BCE sobre esta última medida, pero no aprobó el contrato excepcional con indemnizaciones “muy bajas”.
La "moderación salarial"

El tono de exigencia sube en otros apartados. “Nos preocupa enormemente que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida para suprimir las cláusulas de indiciación de la inflación (…). El Gobierno también debería tomar medidas excepcionales para promover la moderación salarial del sector privado, en consonancia con las reducciones significativas de los salarios públicos acordadas el año anterior. Invitamos al Gobierno a explorar todas las vías posibles para la consecución de dicho fin”, dice quien en ese momento era presidente del BCE. “En el transcurso del próximo trámite parlamentario deberían aprobarse enmiendas que lleven a reducir la posibilidad de que acuerdos en el sector industrial limiten la aplicabilidad de acuerdos a nivel empresarial”, afirma en otra parte del documento.

“No estaba dispuesto a recortar derechos laborales sustanciales ni a adoptar nuevas medidas duras de ajuste social, que me parecían dudosamente eficaces, cuando no ya contraproducentes”, señala Zapatero en el texto. En conjunto, el Ejecutivo socialista transigió en un nuevo ajuste fiscal del 0,5% del PIB, rebajó las indemnizaciones por despido y anuló la concatenación en el paso de los contratos temporales a fijos.



 ACCESO AL ARTÍCULO COMPLETO:

DESCARGA DE LOS FICHEROS PDF: Cartas de Jean Claude Trichet y José Luis Rodríguez Zapatero

JEAN CLAUDE TRICHET

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ARTÍCULO REFORMADO


Artículo 135 (hasta 2011)
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

Artículo 135 vigente (desde septiembre de 2011)
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
La actual situación económica y financiera no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

REFORMAS CONSTITUCIONALES


Editor: Pedro Taracena Gil

lunes, 17 de julio de 2017

EL BANQUETE






Por Pedro Taracena

Es mi voluntad explicar a los jóvenes que nacieron en los años 70, cómo se ha venido desarrollando la vida de los españoles a través de la Santa Transición. Una transición de la dictadura criminal a la democracia modélica, sosegada, justa,  progresista y constitucional, de la que ahora gozamos. En una palabra la España de la reconciliación nacional. Voy a utilizar un símil muy sencillo, una especie de cuento:

“En la séptima década del siglo pasado, el dueño de España estaba muy satisfecho de que las cosas en el país empezaban a progresar de forma muy adecuada. Bueno, como aquellos jóvenes que progresaban adecuadamente en las evaluaciones de la EGB. Este patriota tuvo la brillante idea de convocar al país a un gran banquete. Un banquete celebrando una fiesta que durara  cuarenta años. Habíamos logrado que el enfrentamiento fratricida se hubiera borrado de nuestras mentes, y estos fastos acontecimientos guiaban nuestra amnesia nacional.
A este gran banquete nacional acudieron los tres poderes del estado, la clase política, la casta sacerdotal, los militares, los policías, los nobles, la clase media formada por los trabajadores, la clase obrera y también los ricos. Por supuesto para dar testimonio fehaciente de la armonía social estaban los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. La gente veneraba su propiedad privada, beneficios obtenidos con la Transición y los empresarios y financieros  adoraban al Becerro de Oro, que brillaba más que nunca. Pero de repente los comensales del banquete, escucharon algarabías en el exterior del recinto donde hasta entonces había reinado la paz, el sosiego y la hermandad.  Eran gentes que no habían asistido al banquete nacional.  Personas de todas las edades pero sobre todo jóvenes. Los comensales se tranquilizaban los unos a los otros. Pero se preguntaban el porqué de ese alboroto, que cada vez era más insistente en calles y plazas, de no pocas ciudades del Reino. Qué hacer. Cómo actuar… Los asistentes al gran banquete, comenzaron a buscar razones de ese griterío… ¿Qué desean? ¡Si lo tienen todo…! Los más sagaces se dieron cuenta que ya llevaban  cuarenta años de albricias y festejos y que los alborotadores, unos parias, no habían sido invitados al banquete.
En el interior del recinto estos comportamientos del exterior comenzaban a influir en el ánimo de los que ya estaban ahítos de fiesta y de alegría. El anfitrión, dueño del dinero no encontraba explicable estas quejas, pero tuvo que buscar ayuda a otros mercaderes para abordar la falta de víveres en las despensas medio vacías del banquete. Empezaron a reconocer que se habían olvidado de  demasiada gente para que participara en este convite nacional. Las puertas del banquete comenzaron a entornarse para contemplar mejor lo que allí fuera sucedía. Los comensales encerrados después de cuatro décadas,  reconocieron que quienes estaban en el exterior eran sus hijos y sus nietos. También a colegas de profesión y compañeros de trabajo. Se extrañaban que hubieran estado durante tanto tiempo sin oírles ni verles. El capo del banquete dio instrucciones para que todo siguiera como hasta entonces. Allí, no había pasado nada, la paz, el orden y el sosiego eran la mejor garantía. En el fondo eran unos desarrapados, jaraneros y alborotadores. Algunas voces hablaban de desalójales de los lugares públicos porque alteraban el buen funcionamiento del turismo. Después de algunos meses, decidieron que, quizás, lo mejor sería que entraran al banquete. Y así se hizo en un gesto de magnificencia. Cuando entraron los parias que habían estado en la calle, apenas se podían entender con los comensales oficiales del banquete. Hablaban otro idioma, otra jerga. La organización, la información y la comunicación no eran las mismas. Utilizaban móviles para comunicarse al instante. Tenían redes sociales en Internet que eran un auténtico escaparate al mundo. Apenas compartían valores sociales, políticos y económicos con los que llevaban cuatro décadas aislados en otro mundo. El mundo del banquete.  Estaban muy bien formados: profesores, universitarios, científicos, jueces, militares, economistas, estudiantes y trabajadores de todas las edades. Los comensales del banquete seguían en su mundo feliz. A los nuevos comensales jamás les respetaron y siempre les despreciaron, desprestigiaron y calumniaron.
Cuando el oligarca les permitió la entrada al banquete, la fiesta iba de capa caída. Aunque se conservaba aún las formas y el ritual de un banquete de antaño. Los advenedizos no renunciaron a volcar sobre la fiesta ya decadente su nuevo estilo: ropa, expresiones, sencillez y sobre todo denunciando deficiencias, injusticias y miserias que la casta venían ocultando. Hubo un auténtico choque generacional. Los vetustos personajes del sistema, situados en los lugares preferentes del banquete, tuvieron que  oír la verdad de los recién llegados, que nunca habían deseado decir ni escuchar”. 


Esta es la España imaginaria de nuestro cuento, nos viene a recordar dos consideraciones esenciales para alcanzar la reconciliación pendiente de aquel enfrentamiento criminal y fratricida de la Guerra Civil, provocada por un genocidio planificado antes del 18 de julio de 1936. Y sobre todo la mentira alcanza mayor intensidad cuando se denigra la Memoria Histórica, apostillando que no hay que abrir heridas, tampoco dividir y romper España:
Según mantenía Václav Havel en su libro El poder de los sin poder, la Crisis de identidad y la crisis moral de la sociedad, ambas crisis se plantean entre los que están en el banquete y los que no han sido invitados. La rebelión por la verdad es un acto profundamente moral, por los perjuicios que acarrea, y sobre todo por su carácter disfuncional para la vida. La vida en la verdad se convierte, por ello, en el único fenómeno político con tintes transformadores. Y España lleva demasiados lustros viviendo en la mentira apuntalada de embustes. Esta sería la primera consideración.
Y la segunda estaría basada en aquella expresión que: “de aquellos polvos estos lodos”. Y volvemos a denunciar la mentira de la reconciliación:
Es mentira que fuera un Alzamiento Nacional, es verdad que fue un golpe de estado militar cruento.
Es mentira que tuviera lugar una Cruzada de Liberación Nacional, es verdad que fue una Guerra Civil provocada por la resistencia a un genocidio.
Es mentira que el Movimiento Nacional fundara una democracia orgánica. No, después de la victoria Franco impuso una dictadura criminal.
La Transición lejos de condenar el franquismo, acordó la más vergonzosa de las perversiones. Dejó un genocidio impune en el corazón de la Unión Europea, en los siglos XX y XXI. La España democrática alimentó su propia mentira.
La España del siglo XXI está anclada en su mentira histórica y en la mentira cotidiana del Gobierno ahíto de corrupción.

¿Cómo vamos a vivir en la verdad si estamos anclados en la corrupción y en la mentira?


viernes, 26 de mayo de 2017

ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA


REACCIONES AL CONFLICTO CATALÁN

 

LAS CLOACAS DE INTERIOR

 

   

 Verstrynge: "La solución para Cataluña es convertir España en una confederación"

  "Es posible un acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para desalojar a Rajoy del poder" / "Me parece bien que se saque a Franco del Valle de los Caídos, pero algo tendrá que decir su familia" / "El fascismo hoy está en los bancos, el ultraliberalismo y los ajustes, no en Le Pen"

Acceso al artículo completo:

Jorge Verstrynge

 

   

OTRAS VOCES DEL PSOE:

La secretaria de Cohesión e Integración del PSOE y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, se ha desmarcado de las palabras del exvicepresidente del Gobierno central y ex número 2 del PSOE, Alfonso Guerra, y ha dejado claro que el PSOE no apoyará el Gobierno del PP si decide suspender la autonomía de Catalunya aplicando el artículo 155 de  la Constitución. "Estoy convencida de que no habrá una suspensión de la autonomía de Catalunya y si hace falta, apelaremos a la comunidad internacional para impedirlo", ha declarado Parlon en una entrevista a El Matí de Catalunya radio.

 

 

 

Alfonso Guerra urge a Rajoy a que aplique el artículo 155 en Cataluña por la rebeldía nacionalista

 

 

Alfonso Guerra
El exvicepresidente del Gobierno y ex 'número dos' del PSOE Alfonso Guerra cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería explicar por qué no está aplicando ya el artículo 155 de la Constitución para frenar "los excesos de los secesionistas" en Cataluña.
Si existe alguna razón, afirma Guerra, debería explicarla, "pues cada día se hace más difícil entender su parálisis ante la manifiesta rebeldía del nacionalismo catalán contra las leyes".
Así se expresa el veterano socialista en un artículo en la revista Tiempo, en el que también advierte de que no se podrán "calmar las ansias secesionistas aceptando ese extraño ser artificial 'España, nación de naciones".
Guerra rebate ese concepto, recientemente adoptado por el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, preguntándose "de cuántas naciones". "Nadie contesta", lamenta. A su modo de ver, la respuesta de los nacionalistas es "una solemne bobería": Si "nación es cuando lo dicen los pobladores", se pregunta, ¿pasarán a serlo los cartageneros si así lo deciden?
En su texto, titulado "El momento de actuar", Guerra sostiene que ya se están dando las condiciones para aplicar el artículo 155 de la Constitución: que una comunidad no cumpla las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes -puesto que la Generalitat ha desobedecido sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- o que atente gravemente contra los intereses de España.
En su opinión, este segundo supuesto también se ha dado, con los contactos internacionales para lograr apoyos de Gobiernos e instituciones supranacionales a su referéndum y, como "guinda del pastel", calificar a España de "estado autoritario". "Resulta patético contemplar a ese grupo de políticos enredados en la tela de araña de la corrupción, buscando desesperadamente librarse de la Justicia española por un procedimiento insólito, desconectando a Cataluña de España para librarse de la prisión", argumenta.


Forma de aplastar la rebelión nacionalista de Catalunya

























ANÁLISIS SOBRE EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN

Por David Ortega



Mi intención está lejos de corregir lo más mínimo al Doctor Ortega. Pero como ciudadano y conocedor de la incapacidad política del Mariano Rajoy, sí albergo los peores temores para la España del siglo XXI. Ante el desafío soberanista España está en las perores manos posibles. Un torpe, parco, terco, embustero y corrupto encargado del Gobierno. Es verdad que esto no lo ha dicho un juez. Pero la ciudadanía utilizando el criterio "como Dios manda", "el sentido común" y la "estabilidad política", sí, es víctima de los crímenes legales e ilegales cometidos como consecuencia de ser Rajoy lacayo de la Unidad Europea.
Pero este ínclito personaje estás dispuesto a cumplir las leyes que más le convienen. Ante el desafía catalán y sin la más mínima política de diálogo, el trabajo de los fiscales y los jueces está a punto de concluir. Pero la señora Cospedal, ya tiene la solución para resolver el conflicto. Doña Finiquito, que así se la conoce por su brillantez en la expresión verbal, ha declarado que se aplicará la ley. Y se aplicará como únicamente se podrá aplicar, que es por la violencia, en cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, como dice el apartado 1 del artículo 155. El conflicto grave está servido, el enfrentamiento fratricida rememorado y el franquismo triunfante una vez más. Pedro Taracena Gil

David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.


Artículo 155 
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.


Actualizado 19/10/2015 03:00
En la vida siempre es útil conocer y partir de la realidad y no confundir ésta con lo deseable. El escenario del futuro Parlamento catalán es el que es: mayoría absoluta de dos fuerzas independentistas (Junts pel Sí y la CUP). Por lo demás, la CUP, que tiene la llave de la Presidencia, exige la ruptura unilateral con España y con sus instituciones, comenzando por el Tribunal Constitucional. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no me sorprendería mucho la necesidad de tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución, como el sábado se apuntaba en la portada de este periódico.
"El uso del artículo 155 sería una mala noticia para la vida política española; antes deben activarse otras medidas"
Para entender bien tan relevante artículo y comprender lo que su aplicación supone, es útil realizar una serie de precisiones. De entrada, es básico conocer sus dos apartados, no hablar de oídas. Dicen así: "1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas". Por último, hay que saber que dada la decisiva participación del Senado, su Reglamento establece en su artículo 189 -en cinco apartados- el procedimiento a seguir.



En primer lugar, cabe señalar que no estamos ante ninguna rareza constitucional. La mayor parte de las constituciones que tienen Estados descentralizados contemplan estos artículos que garantizan la superioridad de la Carta Magna y del interés general frente a posibles desobediencias graves de las autonomías, regiones o 'länder'. Sin embargo, sí podemos realizar una importante aclaración. De los dos procedimientos de control al uso en nuestro Derecho comparado, el constituyente español de 1978 optó por el más suave o respetuoso con las Comunidades Autónomas, que es lo que los alemanes llaman la "coerción federal" y regulan en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. De hecho, nuestro artículo 155 prácticamente copia el citado artículo 37, alejándose de procedimientos más radicales y gravosos para las regiones o autonomías como su suspensión o incluso su disolución, tal y como contemplan, por ejemplo, el artículo 100.1 de la Constitución austríaca de 1920 ("Toda Dieta regional podrá ser disuelta..."), el artículo 126 de la Constitución italiana de 1947 ("Se acordarán por decreto motivado del presidente de la República la disolución del Consejo Regional y la remoción del presidente de la Junta...") o el artículo 234.1 de la Constitución portuguesa de 1976 ("Los órganos de las regiones autónomas podrán ser disueltos o suspendidos por el Presidente de la República..."). Por tanto, en España no cabe la suspensión ni la disolución, tan sólo la coerción o, como dice nuestra Constitución, "obligar al cumplimiento forzoso". Bien es verdad que todo ello para el caso de las Comunidades Autónomas, pues sí cabe la disolución de las corporaciones locales o Ayuntamientos, tal y como contempla el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, que en su apartado primero apunta que el Consejo de Ministros, con acuerdo favorable del Senado, podrá por real decreto disolver los órganos de las corporaciones locales por gestión gravemente dañosa al interés general. Supuesto, por cierto, que ocurrió el 7 de abril de 2006 con la disolución del Ayuntamiento de Marbella (Real Decreto 421/2006).



"¿Tiene sentido que antes de llegar a esta situación se activen otras medias? Entiendo que sí. Y estoy pensando en el poder moderador del jefe del Estado"
En segundo lugar, estamos ante un supuesto excepcional o extraordinario, tal y como indica el Tribunal Constitucional en diferentes Sentencias (SSTC 6/1982, f. j. 7º; 27/1987, f. j. 9º y 49/1988, f. j. 31º). Esto en Derecho, lógicamente, tiene sus consecuencias: primero, hay que agotar las medidas ordinarias de control que tenemos a nuestro alcance; segundo, la interpretación del artículo 155 siempre tiene que ser de carácter restrictivo, nunca expansivo; y tercero, su aplicación gradual y proporcionada, amén de profusamente motivada, con medidas muy concretas y acotadas, siendo jurídicamente claves los términos del previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, si son desatendidos, las claras medidas a adoptar. Respecto de lo extraordinario del supuesto que regula el artículo 155, se refería uno de nuestros 'padres' de la Constitución, Pérez Llorca, en el proceso constituyente en la sesión de 16 de junio de 1978, de forma hoy casi profética: "La introducción de preceptos que tienen que venir a solucionar casos hipotéticos que nadie desea que se produzcan, y que probablemente no se producirán, pero que la Historia conoce que se han producido".



En tercer lugar, aunque el artículo 155 apunta como órgano incumplidor a "una Comunidad Autónoma", la realidad señala que básicamente nos centramos en los dos órganos ejecutivos principales de una Comunidad, esto es, su Gobierno y su presidente a la cabeza. El resto de órganos o poderes públicos de la Comunidad es raro o prácticamente imposible que puedan activar, por acción u omisión, este artículo, sí otros de la Constitución o del ordenamiento jurídico que regulen controles ordinarios, pero no este caso excepcional. Por lo demás, los dos supuestos habilitadores de la coerción no dejan de ser en el fondo bastante complementarios. Resulta raro que se dé uno sin el otro. Es fundamental destacar la gravedad, cosa que el segundo supuesto hace ("que atente gravemente al interés general de España", dice el art. 155.1), pero no el primero, de forma bastante errónea, pues seguro que un poder u órgano público de una Comunidad Autónoma habrá incumplido alguna ley, y no por ello se activa el artículo 155.
En cuarto lugar, como ya hemos señalado, el artículo 155 es la última ratio, el último recurso ante una situación verdaderamente grave, que obliga al Gobierno de la Nación a limitar puntualmente el derecho de autonomía regulado en el artículo 2 CE. ¿Tiene sentido que antes de llegar a esta situación se activen otras medidas? Entiendo que sí. Y en este caso estoy pensando en el poder moderador y arbitral del jefe del Estado, regulado en el artículo 56.1 CE, que vela por el "funcionamiento regular de las instituciones". Lógicamente, si se atenta gravemente contra el interés general de España, no hay un funcionamiento regular, sino una situación realmente decisiva, que precisa por tanto de la actuación del Poder Moderador de la Corona. Tampoco es desdeñable activar y mejorar el Poder Corrector del Tribunal Constitucional ante situaciones excepcionales -y la posible ruptura del Estado sin duda lo es-, siempre dentro de los cauces establecidos en la Constitución.
Por último, nos queda la delicada cuestión de qué tipo de medidas puede adoptar el Gobierno de España frente a la Comunidad Autónoma incumplidora para corregirla; ya sabemos que la suspensión o disolución de la misma no cabe en nuestro sistema constitucional. En importante medida, las mismas dependen o deben ser proporcionales al grado o tipo de incumplimiento. El Gobierno de España actúa pues en reacción o proporción al nivel de gravedad del incumplimiento realizado por la Comunidad Autónoma. No parece lógica ni proporcionada la intervención de las Fuerzas Armadas, ya que su función principal es salvaguardar la seguridad frente a agresiones externas, que no es el caso. 



Lo más adecuado es utilizar a los representantes del Estado en la propia Comunidad Autónoma, esto es, a los funcionarios públicos que, como determina el artículo 103 CE velan por el interés general y se rigen por los principios de jerarquía y coordinación, entre otros, y lo que es más importante "con sometimiento a la ley y al Derecho". El Gobierno de España debe darles las instrucciones pertinentes para suspender y anular los actos contrarios al ordenamiento jurídico o al interés general de España. Incluso puede utilizar medidas económicas de bloqueo y presión, no debemos olvidar que el Título VII de la Constitución sobre "Economía y Hacienda" abre con el artículo 128.1 que señala: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".
El problema se complicaría si con la actuación de los funcionarios públicos no bastara y si se tuviera que recurrir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, algo evidentemente poco deseable. El artículo 104 CE indica que dependen del Gobierno y protegen el libre ejercicio de los derechos y las libertades. Por lo demás, su ley de desarrollo, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, contempla como primera función en su artículo 11.1.a) Velar por el cumplimiento de las Leyes. Sería, en cualquier caso, el propio Senado, por mayoría absoluta, quien tuviera que contemplar la existencia de este supuesto extremo.
El uso del artículo 155 es una mala noticia para la vida política española, es síntoma de que algún poder autonómico constitucional se está excediendo gravemente en sus funciones y fuerza hasta el límite al Gobierno de la Nación, que obligatoriamente tiene que actuar en defensa del bien común y del interés general.
David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

Reportaje fotográfico: El Congreso de los Diputados por Pedro Taracena Gil